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DIFERIMIENTO DE CUOTAS
May 07, 2020 www.gacetafinanciera.com.bo

El presente documento examina los aspectos relevantes de la Ley No 1294 “Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos” y el Decreto Reglamentario No 4206 que rigen las medidas de excepción del diferimiento de créditos, para una mayor comprensión sobre su alcance y sentido.   

Por: Tatiana Flores Arismendi

Después del comunicado realizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) anunciando que desde el mes de junio se reanudará el pago de las operaciones crediticias según los cronogramas preestablecidos, diferentes sectores han interpretado y vertido opiniones sobre el alcance y sentido de las disposiciones legales que motivaron esta determinación, concluyendo en casi todos los casos, que la medida no considera la fuerte afectación económica de los prestatarios beneficiando únicamente al sector financiero.

En una coyuntura como la que se vive actualmente, en la que no es pertinente exponer a las entidades financieras como el problema, porque recae en ellas la tarea de reactivar la economía inyectando capital a través de la otorgación de créditos, las autoridades del sistema no han podido revertir el descontento de los consumidores ni justificar la dicotomía existente entre la Ley No 1492 y el Decreto Supremo No 4206 sobre el diferimiento de las cuotas pendientes de pago, que ha ocasionado deducciones imprecisas.  

En este documento examinaremos los aspectos relevantes de la Ley No 1294 “Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos” y el Decreto Reglamentario No 4206 que rigen las medidas de excepción del diferimiento de créditos para tener una perspectiva más clara sobre su aplicación.   

La Ley No 1294, prevé en el artículo primero que: “Las entidades de intermediación financieras que operan en territorio nacional, deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, por el tiempo que dure la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) y otorgando un lapso máximo de hasta seis (6) meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia”.

La confusa redacción del artículo, dio lugar a que los deudores afirmen que el pago de los créditos se encuentra diferido automáticamente por seis meses; afirmación que no es correcta, primero porque la Ley 1492 en una interpretación literal no determina un diferimiento automático de seis meses sino que otorga seis meses para que se puedan pagar las cuotas diferidas; en un ejemplo práctico si la emergencia se levantará en mayo, las cuotas impagas por los meses que se mantuvo la cuarentena (marzo, abril y mayo), tendrían que cancelarse hasta noviembre del 2020 ineludiblemente.

El Decreto Supremo No 4206 de 1 de abril de 2020 en contrasentido a lo establecido en la citada Ley, determinó voluntaria o involuntariamente, pero en todo caso con una tendencia más beneficiosa para el consumidor, que las entidades financieras dentro de los seis (6) meses posteriores al último diferimiento debían “convenir” con sus clientes los términos para el pago de las cuotas diferidas. Bajo el ejemplo anterior, si la emergencia terminara en mayo, el consumidor y la entidad financiera tendrían hasta noviembre del 2020, para acordar cuándo y cómo se pagarán las cuotas impagas por los meses que se mantuvo la emergencia sanitaria.

Entonces cuáles son los problemas que presentan estas disposiciones y que debieron ser analizados y debatidos de forma previa a la emisión de los pronunciamientos de la ASFI; PRIMERO: las autoridades del Estado debieron asumir una postura frente a la disparidad entre estas dos disposiciones, reafirmando la prevalencia de la ley en función a la jerarquía normativa, entendiendo que los actos administrativos reglamentarios carecen de fuerza para derogar, modificar, ampliar o limitar el alcance de un precepto legal; o en una forzada interpretación pro-consumidor, bajo el principio de favorabilidad establecido en la Ley No 453 “Ley general de los derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores” concretar que las disposiciones del DS 4206, que establecen el “consenso” como base para la determinación de la forma de pago de las cuotas diferidas, se constituyan en el lineamiento para la emisión de normativa reglamentaria de menor rango.

SEGUNDO: La Ley No 1294 estableció el diferimiento de las amortizaciones a capital e intereses por el tiempo que dure la cuarentena y pese a que el Decreto Supremo 4206 anticipó que estas amortizaciones corresponderían a los meses de marzo, abril y mayo, no es posible asumir bajo las actuales condiciones que la emergencia sanitaria culminará el 31 de mayo, más aún si tomamos en cuenta que desde el inicio de la medida, se han emitido cuatro decretos extendiendo el plazo de su vigencia, lo que impide establecer con certeza si las cuotas de marzo abril y mayo serán las únicas a ser diferidas. Además sobre este punto, debió considerarse que el 29 de abril se promulgó el DS 4229 estableciendo la adopción de una cuarentena condicionada y dinámica según el nivel de riesgo de cada municipio y departamento, que deja como interrogante cuál será el tratamiento de los prestatarios que residen en municipios y departamentos catalogados en riesgo alto, o de aquellos prestatarios residentes de municipios y departamentos que inicialmente vayan a ser clasificados con cuarentena de riesgo medio o moderado y que por el ascenso de personas infectadas con COVID 19 deban retomar una cuarentena de riesgo alto, que conlleva la paralización de las actividades comerciales productivas.

Omitiendo pronunciarse o aclarar previamente estos aspectos, la ASFI emite el 25 de abril de 2020 la Carta Circular ASFI/DNP/CC-2785/2020 (documento que dicho sea de paso no se ajusta a lo establecido en el DS 4206 que expresamente requiere la emisión de normativa reglamentaria para regular el cumplimiento de los pagos diferidos de crédito), en el que extiende en un juego de palabras la dicotómica posición sobre el pago de las cuotas diferidas, instruyendo en la parte introductoria la aplicación automática del diferimiento al cual hace referencia la Ley No 1294 y, estableciendo párrafos más adelante, un plazo de seis meses para que las entidades convengan con sus clientes los términos para el pago de las cuotas diferidas como lo prevé el DS 4206, planteando adicionalmente tres probables escenarios: 1) el pago al final del crédito, 2) el pago en los meses siguientes a la cuota final del crédito y, 3) el pago de manera conjunta a las cuotas que sean pagadas a partir de los seis meses del último diferimiento.

Con la misma postura irreflexiva, ASFI comunicó el 2 de mayo el reinicio del pago de créditos según cronograma a partir del mes de junio, sin tomar en cuenta, primero la imposibilidad de aseverar que la cuarentena será levantada el 31 de mayo, por los argumentos expuestos más adelante y, segundo soslayando que los prestatarios estuvieron imposibilitados de generar recursos que les permita cumplir con sus obligaciones crediticias. Es pertinente señalar que al momento de promulgarse el DS 4206, que definió el diferimiento de las cuotas de marzo, abril y mayo, la cuarentena tenía como fecha límite el 30 de abril, lo que lleva a presumir bajo el principio de buena fe, que la inclusión del diferimiento de la cuota de mayo tenía como objetivo dar un respiro a los prestatarios, permitiéndoles durante este mes reactivar sus actividades económicas; línea de tiempo que no fue analizada por la ASFI.  

Frente a este panorama es menester que el gobierno nacional revalué las disposiciones emitidas y defina una postura sobre el tratamiento de las cuotas diferidas (siendo lo óptimo mantener el consenso entre entidades y consumidores),  los meses que se diferirán y el tratamiento de los prestatarios en la cuarentena condicionada y dinámica según el riesgo de su  municipio o departamento.  

Para los consumidores es importante conocer que la iniciativa de diferir tres cuotas (capital e intereses) emergió de las entidades de intermediación financiera como una salida de asistencia ante un inminente impago de los créditos como consecuencia de la pandemia, pero además bajo la estrecha e importante correlación que existe entre el sistema financiero y el desarrollo de una economía, evitar el incremento de la mora que conlleva por norma regulatoria a un aumento de las previsiones, disminuyendo las utilidades y por ende una afectación al capital que constituye el respaldo económico para que las entidades continúen colocando el dinero en operaciones crediticias.

Estos aspectos que podrían interpretarse como concernientes únicamente a las entidades financieras, no lo son, porque en este circuito financiero, los intereses que se pagan a la población en cuentas de cajas de ahorro y a plazo fijo, emergen en cierta manera de los intereses que se cobran en los créditos colocados; las utilidades de los Bancos Múltiples y Pymes desde el 2014 son reinvertidos, en determinados porcentajes, en los fondos de garantía que favorecen la otorgación de créditos de vivienda de interés social, créditos productivos y capital semilla; por lo tanto, es imposible pensar en un diferimiento sin fecha tope o en una condonación total de deudas.

Lo que es necesario, es exigir mayor coordinación en la emisión de normas y una adecuada y clara regulación por parte de la ASFI, protegiendo a los consumidores financieros pero también velando por la estabilidad del sistema financiero, teniendo la posibilidad dentro de sus atribuciones de emitir disposiciones diferenciadas por tipo de entidad, establecer mecanismos para reforzar la liquidez de las entidades mediante la liberación de previsiones, la reducción del encaje legal u otras alternativas que se encuentren dentro de su competencia.


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